CASO ENZO DÍAZ: LA FAMILIA APELA LA EXCARCELACIÓN Y SOSTIENE QUE SE TRATÓ DE UN HOMICIDIO AGRAVADO
Entrevista con Sandra Mordini, abogada de la familia de la víctima
La muerte de Enzo Díaz continúa generando conmoción en Ramallo y sumando nuevos capítulos judiciales. En los últimos días, la excarcelación bajo caución de Ana Mariño, efectiva de la Policía Bonaerense, y de su hermano, ambos imputados en la causa, profundizó el malestar de la familia de la víctima, que cuestiona la investigación y sostiene que la calificación legal actual no se corresponde con los hechos.
En diálogo con Ramallo City, la abogada Sandra Mordini, quien recientemente asumió la representación de Maricel, madre de Enzo Díaz, explicó que el pasado viernes se presentaron en el expediente como particular damnificado para intervenir activamente en la investigación.
“El particular damnificado aporta al expediente, a la investigación, ofreciendo pruebas para que se arribe a la condena justa”, señaló la letrada.
Respecto de la postura que sostendrá la familia en la causa, Mordini fue categórica: “La teoría del caso de la familia y que sostenemos es que estamos ante un homicidio agravado por el vínculo”. Según explicó, el fallecimiento ocurrió dentro de la vivienda que compartían Enzo Díaz, Ana Mariño y sus hijos menores de edad.
“El deceso de Enzo se produjo dentro de la vivienda familiar que compartía con la señora Ana Mariño y con sus hijos menores y no existe en el expediente ningún elemento que haga presumir que Enzo puso en riesgo la vida ni de Ana, ni de sus hijos, ni de su hermano. Entonces no podemos hablar de legítima defensa”, afirmó.
En ese sentido, la abogada cuestionó la actual carátula de la causa y dejó en claro que la estrategia de la familia apunta a modificarla. “Por lo menos para la familia, es la teoría del caso que sostenemos. En este momento del expediente vamos a aportar todas las pruebas que entendemos para que así sea”, indicó.
Consultada sobre los elementos que llevaron inicialmente a la Justicia a encuadrar el hecho como un homicidio con exceso en la legítima defensa, Mordini evitó especular: “Pregúnteselo al fiscal, no se lo puedo decir yo”.
La letrada también hizo referencia a las distintas versiones que surgieron en las primeras horas posteriores al hecho. “Los medios de comunicación primero hablaron de sobredosis y después fue evidente, cuando los médicos lo examinaron, que estábamos en un caso de asfixia mecánica, que no es lo mismo”, sostuvo.
Sobre las circunstancias de la muerte, agregó: “La circunstancia es que fue reducido por Ana y por su hermano y concluyó así. No sé si existían otras personas. Estamos en proceso de investigación”.
Uno de los puntos que más preocupa a la representación legal de la familia es la situación de los dos hijos menores de la pareja, de aproximadamente 2 y 7 años. Según explicó Mordini, hasta el momento no se habrían adoptado medidas específicas para su contención y protección.
“Todavía no se tomó ninguna medida en relación a los niños y su protección, es lo que estamos pidiendo”, afirmó. Además, indicó que el niño mayor podría declarar en Cámara Gesell y consideró grave que no se haya dado intervención inmediata a los organismos competentes.
“Son víctimas indirectas. Alguien los tenía que asistir en ese momento, no sabemos qué pasó”, expresó.
En relación a la excarcelación de los imputados, Mordini manifestó que la medida resultó prematura. “Todos sabemos que el principio de inocencia está vigente siempre, pero me parece que fue muy prematuro y en base a una carátula que no es la exacta”.
La abogada confirmó además que durante el fin de semana apelaron la resolución judicial y que continuarán impulsando medidas tanto para avanzar en la investigación como para resguardar a los menores.
Sobre la actuación policial en el inicio de la causa, un aspecto que generó interrogantes en distintos sectores de la comunidad, Mordini explicó que se solicitó la intervención de otras fuerzas y organismos especializados debido a que una de las imputadas es personal policial.
“Generalmente se pide la colaboración a Prefectura Naval. También la Policía Científica pidió y el fiscal ordenó que intervengan otros agentes para no estar interviniendo la unidad funcional especializada en violencia institucional porque estamos frente a un agente policial en servicio”, señaló.
Finalmente, la letrada remarcó que la investigación recién comienza: “Estamos hablando de un lapso corto, de una semana, o sea que todavía falta un montón de pruebas para producir”, concluyó.
Fuente: Redacción Ramallo City.
