DR. FABIÁN MAGGI: “LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CON NINGUNO DE LOS TRÁMITES LEGALES OBLIGATORIOS”

La Justicia confirmo el freno al proyecto portuario en Costa Pobre

La Cámara de Apelaciones confirmó en las últimas horas la medida judicial que impide avanzar con el emprendimiento portuario proyectado en la zona de Costa Pobre. La decisión ratifica el fallo de primera instancia que había ordenado “no innovar” hasta tanto se cumplan todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente.

Para conocer el alcance de esta resolución, Ramallo City dialogó con el abogado ambientalista Fabián Maggi, quien viene siguiendo de cerca el conflicto y explicó los fundamentos del fallo judicial.

“Hubo una confirmación por parte del Poder Judicial, en esta oportunidad por la Cámara de Apelaciones, que es el órgano superior al juez de primera instancia, que había ya otorgado en aquel momento la medida de no innovar”, explicó Maggi.

Según detalló el especialista, la empresa impulsora del proyecto, con el empresario Carlos Bauzas a la cabeza, había apelado aquella resolución inicial, pero el tribunal de alzada decidió ratificarla.

Maggi aclaró que la decisión judicial no responde a una oposición ideológica al desarrollo productivo, sino al incumplimiento de las normas vigentes.

“No estamos hablando de una oposición al proyecto porque sí o porque se le ocurra a un grupo de personas. Esto lo demuestra obviamente la confirmación por parte de un tribunal de alzada, como es la Cámara de Apelación, que lo hace en base a las leyes aplicables”, sostuvo.

Y agregó: “Aquí lo que se está diciendo es que la empresa no cumplió con ninguno de los trámites legales obligatorios para comenzar la obra que pretendía realizar. Es así de sencillo el panorama que está planteado hoy en día”.

Entre las irregularidades detectadas, el abogado mencionó la ausencia de estudios ambientales y otras autorizaciones clave.

“En primer lugar, la empresa no tiene declaración de impacto ambiental y por lo tanto, la obra se tiene que suspender porque es pasible de causar un daño ambiental”, explicó.

A esto se suman otras faltas administrativas. “Tampoco ha hecho el trámite ante la Agencia Nacional de Navegación y Puertos, es decir que no tiene autorización en ese sentido. Tampoco hizo los trámites a nivel provincial en lo que respecta a la autoridad del agua o lo relacionado con el recurso hídrico”, indicó.

Pero para Maggi, una de las irregularidades más graves tiene que ver con la normativa local ya que la zona está definida como rural por el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. “Ni siquiera cuenta con la zonificación municipal adecuada, es decir que el trámite municipal tampoco está hecho y aquí está la gran deficiencia de las autoridades locales que han salido a anunciar un emprendimiento que la propia normativa local de Ramallo, el Código de Ordenamiento Territorial, prohíbe: la existencia de un puerto en esa zona”.

En ese sentido, el abogado remarcó que el planteo ambiental no busca frenar el desarrollo de la ciudad.

“Esto no significa una oposición ni por parte de los vecinos, ni de las organizaciones ambientales, ni del Poder Judicial al desarrollo de Ramallo. Lo que pasa es que Ramallo, para desarrollar cualquier emprendimiento, tiene que cumplir con las pautas legales y estar en el marco de un desarrollo sostenible en el tiempo”.

Consultado sobre las versiones que surgieron desde el propio grupo empresario negando la existencia del proyecto portuario y solo se trató de rumores, Maggi se mostró contundente.

“No se trata de una versión, sino de algo tan insólito como haber escuchado tanto al intendente municipal como a los directivos de la empresa anunciando en los medios de comunicación y confirmando el proyecto del puerto, incluso, dando detalles sobre en qué iba a consistir”, afirmó.

Finalmente, el abogado dejó una reflexión sobre la necesidad de respetar los procesos legales y ambientales antes de avanzar con proyectos de gran escala.

“Los desarrollos de cualquier tipo de emprendimiento industrial o portuario deben cumplir con la normativa ambiental, deben comenzar con una audiencia pública para que la ciudadanía pueda debatir sobre el tema y, sin lugar a dudas, cumplir los pasos legales es beneficioso para ambas partes”, concluyó.

Por la redaccion de Ramallo City.