CONDICIONES DE DETENCIÓN GRAVOSAS EN LA UNIDAD PENITENCIARIA DE SAN NICOLÁS
Ordenan medidas judiciales urgentes
La titular del Juzgado en lo Correccional 3 de San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, dio curso al habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su caracter de Mecanismo local de prevención de la tortura, tras constatar la vulneración sistemática de derechos que padecen las personas alojadas en la Unidad Penal 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense de esa ciudad: deterioro de las condiciones materiales, regímen de aislamiento extremo, deficiente atención médica -particularmente a los pacientes psiquiátricos- y falta o irregular provisión de comida por parte de la empresa tercerizada. Ordenó con carácter urgente la regularización de todos los servicios y la realización de las obras necesarias, muchas ya ordenadas en habeas corpus tramitados en otros juzgados del departamento judicial desde el año pasado.
Al igual que en casi todas las unidades penitenciarias de la Provincia, las condiciones generales de detención en la UP 3 de San Nicolás vulneran los derechos de los detenidos y perpetúan el deterioro de esos establecimientos al desoír las resoluciones judiciales que se acumulan con órdenes de refacción, restablecimiento de servicios, contratación de personal profesional faltante o regímenes de vida que violan los derechos humanos.
A raíz del monitoreo realizado por la CPM, se relevaron una serie de problemas graves que afectan la cotidianeidad y las circunstancias de vida en el encierro, particularmente en el pabellón 2 de estudiantes y trabajadores: malas condiciones materiales, aislamiento extremo sin salidas a patio o actividades educativas y recreativas, deficiente acceso a la atención médica y falta de comida.
Asimismo, las instalaciones eléctricas son extremadamente precarias con riesgo de electrificación, más aun considerando que los detenidos se bañan en su celda y allí están los cables expuestos. No hay elementos de limpieza y conviven con olores nauseabundos, roedores e insectos; hay humedad en colchones y almohadas y faltantes de vidrios en las ventanas, lo que agrava los efectos de la falta de calefacción en las celdas.
Entre todos esos problemas detectados, uno de los principales es el de la falta de provisión de gas en toda la unidad penal producto de la rotura de un caño maestro en las inmediaciones del establecimiento, lo que interrumpió el suministro de forma permanente.
Frente a este escenario, la CPM solicitó que la jueza interviniente, Luciana Díaz Bancalari, se constituyera en el establecimiento y constatara estas condiciones, además de la designación de un perito ingeniero que verifique el agravamiento de las condiciones materiales y un perito especializado en seguridad e higiene, entre otros especialistas, para determinar las medidas a tomar.
El 27 de junio se realizó audiencia en el marco del habeas corpus: el municipio de San Nicolás y la empresa contratista del servicio de gas explicaron que no se había restablecido el gas a la unidad por falta de medidas de seguridad que garantizaran la inexistencia de pérdidas, aunque se comprometieron a restablecer el sistema en las próximas semanas.
Respecto a las condiciones materiales de la unidad en general, la magistrada advirtió que desde el año pasado tramita ante el mismo juzgado otra acción de habeas corpus sobre los problemas que acarrea el establecimiento penitenciario y que afecta los derechos de las personas allí alojadas, incluyendo el pabellón 2 de trabajadores y estudiantes.
Acerca de otras problemáticas generales de la Unidad Penal 3, la jueza señaló que también existen actuaciones previas en trámite ante otros juzgados del departamento judicial, lo que evidencia la constancia de los agravamientos y la desidia de los responsables penitenciarios.
Desde el 2023 un habeas corpus señalaba ya el aislamiento excesivo al que están expuestos los detenidos y la deficiente atención de la salud, particularmente en cuanto a patologías psiquiátricas y provisión de psicofármacos.
De toda la prueba recabada, para Díaz Bancalari resultó evidente que “las condiciones de detención en el pabellón n° 2 de la Unidad Penal N°3 se hallan agravadas en virtud de la superpoblación, las condiciones edilicias, el encierro prolongado y el deficitario acceso a la salud (que presenta las falencias acreditadas en los informes agregados en fecha 28 de junio, 10 y 11 de julio de 2024), el estado de las instalaciones en general, y especialmente de electricidad y de gas”.
Por esos motivos resolvió hacer lugar al habeas corpus de la CPM y ordenó al director de la UP 3 que se deberá proceder a la reparación urgente del sector de duchas y a confeccionar un nuevo cronograma de salidas de los detenidos al patio.
También mandó a solicitar al Ministerio de Justicia y a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria la contratación de un profesional de psiquiatría para la atención de los detenidos así como la provisión de los psicofármacos requeridos para cada tratamiento; regularizar el servicio de alimentación a cargo de la empresa proveedora Ridans; y avanzar en las obras necesarias para contar con calefacción adecuada, disminuir los niveles de humedad y asegurar instalaciones eléctricas seguras y eficaces.
La Unidad 3 tiene un cupo para 358 personas pero aloja 889, lo que implica una sobrepoblación del 158 %.
Fuente: Agencia Andar
